En España, más de 2.935.000 pymes están afectadas por la Ley de Creación y Desarrollo. Según esta ley, a partir del 1 de enero de 2023, todos los autónomos o empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros deberán utilizar la factura electrónica. A partir de 2025 será obligatorio para autónomos o empresas con facturas inferiores a 8 millones de euros anuales. Además, próximamente también será obligatorio para las operaciones comerciales entre empresas y profesionales.
Para ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha puesto en marcha una consulta pública sobre la Ley de Creación y Desarrollo. La consulta permite a las pymes y autónomos contribuir previamente a la redacción de proyectos de normativa técnica para su desarrollo legal.
A continuación, te contamos en qué consiste una factura electrónica y cómo afecta a las operaciones comerciales entre empresas y profesionales.
¿Qué es la factura electrónica?
Según la normativa del Ministerio de Hacienda, las facturas electrónicas son facturas emitidas en formato electrónico. A efectos legales, es lo mismo que una factura en papel tradicional.
Distinguimos entre dos tipos de facturas electrónicas:
- Estructuradas: los datos son generados automáticamente por los sistemas de facturación.
- Sin estructurar: suelen publicarse directamente en formato PDF, pero también se pueden escanear en papel.
¿Qué ventajas ofrece la factura electrónica para los autónomos?
La facturación electrónica ahorrará a los autónomos hasta un 60% en costes. Entre sus ventajas, destacan las siguientes:
- Facilitar la colaboración entre los departamentos ejecutivos.
- Permite un control preciso sobre las transacciones.
- Ayuda a mejorar el medio ambiente y elimina los costos de impresión y envío.
- Reduce los errores humanos.
¿Qué supone la extensión de la factura electrónica en operaciones empresariales?
Antes de la creación del borrador del Reglamento Técnico, el Gobierno ha abierto una consulta pública en la que pueden participar las PYME y los contratistas independientes. La fecha límite para participar es el 22 de marzo de 2023.
La idea de extender el requisito de facturación electrónica a las operaciones comerciales se está considerando durante esta consulta pública. Se asegura un mayor control de pagos con esta nueva extensión de factura electrónica, que ayudará al cumplimiento de toda la normativa de morosidad general y sectorial aplicable. Todas las funciones de facturación estarán integradas, aumentando la velocidad y la eficiencia al mismo tiempo que se reducen los costos de transacción.
La Administración Pública pondrá a disposición de empresas y autónomos una infraestructura pública de acceso a la factura electrónica para facilitar su implantación entre las pymes y autónomos.
